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Contratación pública y arbitraje

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Preguntas frecuentes

Orientación inicial
¿Trabajan con empresas fuera de Lima?

Sí. Asesoramos y representamos a proveedores y contratistas del Estado en todo el Perú.

¿Puedo consultar antes de presentar una oferta?

Sí. Revisamos las bases y la documentación de tu oferta, y te ayudamos a preparar consultas u observaciones.

¿Qué información conviene tener a mano?

Para la primera conversación, indícanos en qué etapa estás, qué ocurrió y si la entidad ya te notificó alguna decisión.

Áreas de práctica

Selección y oferta

Te ayudamos a presentar una oferta sólida y a defenderla: revisión de bases, consultas y observaciones, y recursos de apelación.

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Áreas de práctica

Ejecución contractual

Acompañamos la vida del contrato: ampliaciones de plazo, adicionales, penalidades, resolución y liquidación, cuidando cada carta y cada plazo.

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Áreas de práctica

Arbitraje

Defendemos tu posición en conciliación, arbitraje y procesos judiciales vinculados, como la anulación y la ejecución de laudos.

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Socio

Claudio Iparraguirre Cama

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), colegiado y habilitado en el Colegio de Abogados de Lima, especializado en contrataciones públicas y arbitraje.

Cuenta con más de cinco años de experiencia asesorando a empresas proveedoras del Estado, principalmente de los sectores farmacéutico y construcción, tanto en la etapa de selección como en la ejecución contractual, bajo la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el marco anterior.

Ha conducido arbitrajes frente a entidades públicas y entre privados con resultados favorables, y ha participado en la redacción de proyectos de laudos arbitrales.

Fue ponente sobre 'Ejecución de laudos arbitrales en sede judicial' en el I Curso Especializado en Arbitraje organizado por la revista Derecho y Sociedad de la PUCP.

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Socio

Aaron Rivas Atauchi

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), especializado en contratación pública, con más de cinco (5) años de trayectoria en el sector público, la empresa privada, centros de arbitraje y estudios jurídicos.

Dirige la estrategia legal de empresas proveedoras del Estado en todo el ciclo de la contratación, desde el procedimiento de selección hasta la ejecución contractual y la solución de controversias, bajo la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el régimen anterior.

Patrocina recursos de apelación y procedimientos administrativos sancionadores ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, y conduce la defensa de contratistas en arbitrajes y ante Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD).

Esa trayectoria le permite anticipar la posición de las entidades del Estado y conocer desde dentro la gestión institucional del arbitraje.

Actualmente cursa el Máster de Formación Permanente en Arbitraje Comercial y de Inversiones en la prestigiosa Universidad de Alcalá (España).

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Normativa · Noviembre 2026

Las claves de la Ley N.° 32069 para proveedores y contratistas del Estado

La Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, reemplaza al régimen anterior con un enfoque renovado orientado a la compra por valor y a la prevención oportuna de controversias.

Uno de los puntos más relevantes para los postores es la reconfiguración de los procedimientos de selección, los nuevos criterios de evaluación de ofertas y la formalización de herramientas colaborativas.

En la etapa de ejecución, la norma refuerza la exigencia de trazabilidad y oportunidad en las comunicaciones entre contratista y entidad. Los plazos para formular ampliaciones de plazo y responder observaciones mantienen su naturaleza preclusiva, por lo que una debida gestión documental es la primera línea de defensa de la empresa proveedora.

Asimismo, se potencia el rol de las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) como mecanismo ágil para evitar que los proyectos se paralicen innecesariamente antes de recurrir a la vía arbitral.

Guías prácticas · Octubre 2026

Cómo defender a tu empresa frente a penalidades indebidas durante la ejecución

Las penalidades por mora suelen calcularse de forma automática por las áreas de tesorería o logística, ignorando con frecuencia que el retraso fue ocasionado por atrasos en la absolución de consultas o en la entrega de terreno.

Para revertir o evitar una penalidad indebida, es fundamental haber acreditado la causal no atribuible en el momento oportuno a través del cuaderno de obra digital o de cartas debidamente notificadas.

Si la entidad aplica la penalidad en la liquidación o en la valorización final, el contratista tiene expedito su derecho a someter la controversia a conciliación y arbitraje dentro del plazo de caducidad de 30 días hábiles.

Arbitraje y laudos · Septiembre 2026

De la victoria en el laudo al cobro efectivo: La ejecución judicial de laudos arbitrales

Conforme al Decreto Legislativo N.° 1071 (Ley de Arbitraje), el laudo arbitral tiene valor de cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento inmediato por las partes.

No obstante, ante la negativa o lentitud del aparato estatal, corresponde acudir a los Juzgados Civiles y Comerciales para solicitar el mandato de ejecución forzada, el cual puede acompañarse de medidas cautelares sobre cuentas o requerimientos bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público.

Asimismo, frente a demandas maliciosas de anulación de laudo que buscan dilatar el pago, una defensa especializada en salas comerciales permite salvaguardar la intangibilidad de la decisión arbitral.

Tribunal de Contrataciones · Agosto 2026

Recursos de apelación exitosos: Errores frecuentes al impugnar la buena pro

El recurso de apelación es la última instancia administrativa para corregir descalificaciones arbitrarias o el favorecimiento indebido a ofertas que no cumplían con los términos de referencia.

El Tribunal de Contrataciones Públicas exige el cumplimiento riguroso de requisitos de admisibilidad: garantía del 3% del valor referencial, poder vigente y petitorio claro.

La argumentación debe centrarse en la estricta concordancia con las bases integradas y en los principios de libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato.

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